Las renuncias verbales del presidente de Bolivia, Evo Morales, del vicepresidente Alvaro García Linera y de los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, los también oficialistas Adriana Salvatierra y Víctor Borda, ha generado una incógnita sobre la sucesión constitucional, por lo que algunos expertos constitucionalistas consideran que la salida a la crisis podría ser más política que jurídica.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, si renunciara Evo Morales debería asumir el vicepresidente García Linera, o, en última instancia, la presidenta del Senado, Adriana Salvartierra. Si llegara a la cuarta base, o sea al presidente de Diputados, Víctor Borda, este debería convocar a nuevas elecciones en el plazo de 90 días, pero él también dimitió. Con la reforma de la Constitución, promulgada por Morales, ya no se puede aplicar la salida de la sucesión presidencial por la vía de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con Eduardo Rodrígiuez Veltze, en 2005.

Para que se efectivice, la renuncia de Evo Morales debe ser aprobada formalmente por la Asamblea Legislativa, que está ahora controlada por su partido y que no ha convocado aún a sesión. Eso implica que los congresistas también la podrían rechazar. Si embargo, algunos de ellos ya anunciaron verbalmente y por escrito sus alejamientos del Congreso. El Comité pro Santa Cruz ha demandado la dimisión de todos los oficialistas.

En plena crisis se ha mencionado que si la Asamblea Legislativa acepta la renuncia, una de las primeras urgencias sería la aprobación de una ley de designación del sucesor. El abogado constitucionalista José Luis Santistevan considera que el poder soberano radica en el Ejecutivo, pero ha quedado acéfalo. Por lo tanto, queda el Legislativo como el otro órgano en el que radica la soberanía y que tiene en sus manos la sucesión emergente. Acaba de surgir la posibilidad de que la senadora opositora Yanine Añez, que es la vicepresidente de la Cámara Alta, convoque a la Asamblea, sea elegida como Presidenta encargada, y llame a elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. Cualquiera de los 166 parlamentarios puede recibir ese mandato, según Santistevan.

Publicado originalmente por adndigital.com.py

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