septiembre 19, 2020

Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público se pronuncia en total desacuerdo con la resolución emanada este martes de la Corte de Apelaciones Natural que conoce la causa VP-36-2018, mediante la cual favorece con un sobreseimiento definitivo a 22 de los 36 imputados en el caso Pandora.

Con esta determinación, considerada generadora de impunidad, dos de tres magistrados designados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) beneficiaron a: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.

Por lo anterior, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución interpondrá una Acción Constitucional de Amparo y lo hará en los términos que establece la Ley.

Como se recordará, el caso Pandora, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), involucra a funcionarios y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.

Estos hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG.

Durante las investigaciones, se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282,016,175.00 lempiras.

Estos recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).

Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran: parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.

Otros imputados en el caso Pandora son: Jacobo Regalado, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Norma Keffy Montes Chandías, Velkys Rosibel Hernández, Laura Aidee Arita Palma, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Fernando Josué Suarez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.

Finalmente, sobre el tema, el Fiscal General, Oscar Fernando Chichilla, remarcó lo siguiente: “Inaceptable el sobreseimiento a los implicados en el caso Pandora. El Ministerio Público interpondrá Recursos de Casación y continuaremos hasta que prevalezca la legalidad. Honduras tiene hambre y sed de justicia”.

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