El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó hoy la muerte de menores y recomendó recurrir al liderazgo de las 298 alcaldías municipales para velar por el respeto a los derechos de la niñez y que exista una mayor seguridad para este sector vulnerable de la sociedad hondureña.

El ombudsman hondureño considera que la muerte de menores es un tema de carácter nacional que para enfrentarlo se requiere del liderazgo de los gobiernos locales, de los padres de familia, del sector privado y de la misma sociedad civil.

Explicó que aunque las muertes de menores se concentren en ciertas comunidades, en materia de derechos humanos, el daño a una persona es un daño para toda la humanidad.

No podemos dejar a la gente abandonada, somos un solo pueblo en un solo territorio, todo lo que concierne a la persona por más alejada que esté del centro de las ciudades es un tema que debe interesar a toda la comunidad nacional, puntualizó.

Declaró que con la eliminación de la vida de más de una docena de niños, registradas en los últimos días tanto en San Pedro Sula y Colón, la consternación es mayor.

El defensor de los derechos humanos espera que haya una investigación profunda que determine las causas que han motivado tanto lo que ocurrió en La Pradera, en el Centro El Carmen de San Pedro Sula y en Limón en el departamento de Colón.

Añadió que aunque sean casos diferentes el punto fundamental es que han violado el derecho a la vida de los niños y con ello el derecho a la familia y el derecho a la seguridad de la comunidad local y nacional.

458 niños menores de 14 años muertos violentamente en últimos 4 años

El Comisionado de los Derechos Humanos reveló que entre el 2010 y el 2013, Honduras registró la muerte en circunstancias violentas de 458 niños menores de 14 años, cantidad que representa el 1.68% de los 27,272 homicidios cometidos en el país en los últimos 4 años.

Para el caso, en el 2010, la muerte violenta de niños fue de 92 que representó el 1.47 de total de muertes violentas registradas en el país durante ese año que fue 6,239 personas de diferentes edades.

Un año después murieron 93 niños menores de 14 años en circunstancias violentas, es decir, el 1.31% de las 7,104 personas que perdieron la vida violentamente en el 2011.

En el 2012, fallecieron violentamente 127 niños que representa el 1.77% de las 7,172 personas que murieron bajo esa circunstancia durante ese año
De acuerdo al recuento del CONADEH, En el 2013, se registró la muerte violenta de 146 niños menores de 14 años que significó el 2.16% de los 6,757 homicidios cometidos durante el año recién pasado.

Nuestra preocupación radica, dijo Herrera Cáceres, en que la tendencia de muerte de niños menores de 14 años va en aumento año con año y de allí que consideremos que el mismo debe verse como un problema nacional.

Cada año, prosiguió, ha habido un aumento paulatino y hoy venimos a encontrar un resultado impactante que es necesario detener y anticipar por medio de la prevención.

Indicó que el impacto de las muertes violentas afecta los derechos del niño, pero también el derecho a la familia, a la seguridad de la comunidad local y por la trascendencia de estos actos, el derecho a la seguridad nacional en su conjunto.

En este sentido, señaló que la responsabilidad principal si bien es del Estado y de los padres, también abarca a la familia en su conjunto, a la comunidad y al gobierno local y una responsabilidad en particular del gobierno nacional.

Herrera Cáceres, considera que es importante unir todas las fuerzas y realizar acciones coordinadas, no para ver el derecho violentado sino para prevenir que ese derecho se siga violentando.

Explicó que a nivel de las municipalidades hay defensores de la niñez, de la mujer, hay comisionados municipales, policías, fuerzas militares, instituciones de sociedad civil que tenemos que empezar a unir para trabajar a nivel local.

Declaró que junto a UNICEF están realizando en varios departamentos jornadas de capacitación para niños, padres de familia y a las mismas autoridades.

Reiteró que para enfrentar este tipo de problemas es importante movilizar a toda la sociedad y en particular a los gobiernos locales.

Si movilizamos a los comisionados municipales, a los defensores de la niñez, de la mujer, a las corporaciones municipales vamos a transformar Honduras, opinó.

Recordó que la Ley de Municipalidades establece como obligación de los alcaldes tener políticas públicas de protección a la niñez y asignar fondos para su ejecución.

El defensor de los derechos humanos espera que haya una sanción ejemplar para que quienes incumplen sus obligaciones para con la niñez.

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