Tegucigalpa – Representantes de las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, así como del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), alabaron la decisión del Congreso Nacional de finalmente aprobar una ley que les ofrezca protección durante el ejercicio de sus funciones, ya que así, aseguran, podrán impartir justicia sin temor a ser víctimas de represalias por parte de la delincuencia o del crimen organizado, trascendió hoy en la continuación de la socialización que impulsa el Poder Legislativo previo a la discusión de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Tras salir de una reunión con directivos del Congreso Nacional y miembros de la comisión de justicia y derechos humanos celebrada en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), manifestó que desde hace seis años han venido clamando justicia y protección para sus agremiados y es hasta ahora que se ha tomado en serio ese problema a través de esta iniciativa de ley.

“2006, 2007 y todo este tiempo hemos reclamado justicia, hemos marchado en las calles y creo que con esta ley, se va a materializar y por eso haremos los aportes correspondientes; debemos utilizar la tecnología”, expresó Valladares.

“Pensamos que esto va a ser un éxito y que la aplicación sea lo más pronto posible porque ya tenemos jueces de todas categorías, de paz, de letras, del área penal y civil y de jurisdicción nacional que por resoluciones, se ven afectados en su seguridad personal y nacional y por eso es necesario que entre en aplicación lo más pronto posible para ver los resultados y nuestros compañeros se sientan más seguros”, expresó el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), René Fabricio Galo Martínez.

Agregó que lo que se está haciendo con el anteproyecto de ley, es prevenir, las muertes contra jueces, fiscales, operadores de justicia y abogados privados que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión “y ese es un objetivo y un compromiso que tenemos como hondureños que somos y eso lo garantiza nuestra Constitución y por eso estamos en la buena voluntad de contribuir en algo positivo que es prevenir”.

El representante de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Burgos, dijo que la presencia de ese poder del Estado es garantizar que el proyecto efectivamente le otorgue las condiciones de seguridad a los operadores de justicia necesarias para que los jueces, fiscales, magistrados y abogados, tengan la tranquilidad, serenidad, paz y relajación mental para que puedan ejercer sus funciones como tiene que ser, cumpliendo la ley sin temor, sin miedo, sin dejarse intimidar por ningún criminal o miembro del crimen organizado.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, señaló que se ha concluido con la etapa de socialización de la ley con las organizaciones y grupos beneficiados que incluye a los operadores de justicia, gremio periodístico y defensores de derechos humanos.

“Nos sentimos muy contentos como junta directiva de poder haber acompañado a la comisión de justicia y derechos humanos en esta socialización y ahora sólo nos queda esperar las recomendaciones que harán todos estos sectores beneficiados por esta ley, las que harán llegar al Congreso Nacional, la próxima semana”, expresó Gutiérrez.

Detalló que hasta el momento, se cuenta con los aportes que han presentado las organizaciones defensoras de derechos humanos, a través de la sociedad civil, mientras que el próximo lunes, los directores de medios de comunicación escritos, radiales, digitales y televisivos, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH), entregarán por escrito sus aportes y los operadores de justicia, se han comprometido a presentar sus recomendaciones el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana a través de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asociación de Fiscales y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Subrayó que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se encuentra sumamente comprometido con aprobar ese instrumento legal para darle la protección tanto a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia e igualmente a los periodistas y comunicadores sociales.

Añadió que igualmente se han hecho los acercamientos necesarios con el Poder Ejecutivo, a través de la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, para poder lograr también el compromiso del gobierno a través de la Secretaría de Finanzas, para que cuando esté aprobada la ley, se cuente con los recursos para poner en práctica esa normativa lo más pronto posible.

En ese sentido, señaló que la comisión ordinaria de Finanzas del Congreso Nacional, ya está trabajando en establecer ese presupuesto que garantice la operatividad de la ley que cuenta con el respaldo de todas las bancadas representadas en la Cámara Legislativa que están de acuerdo con ese instrumento que vendrá a traer tranquilidad entre los miembros de los tres gremios importantes para el desarrollo del país.

De su lado, el presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, Yuri Sabas, manifestó que todos los miembros de esa comisión se sienten contentos con los avances importantísimos en el proceso de socialización de esa ley.

“Nosotros como comisión estamos agradecidos con el aporte que están haciendo los operadores de justicia, la sociedad civil, los periodistas y los comunicadores sociales porque el sentido práctico de la ley, es que las personas que van a ser beneficiadas o afectadas por ella, nos ayuden a construirla porque si una ley se construye sin escuchar las recomendaciones de las personas que van a recibir el beneficio, no tienen funcionalidad la ley, entonces como comisión, estamos contentos y todas las consideraciones que ellos van a hacer, las vamos a tomar muy en cuenta”, manifestó Sabas.

No obstante, aclaró que el criterio final lo van a ofrecer los 128 diputados que conforman el pleno del Congreso Nacional.

En la reunión también participaron el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Fabricio Erazo; el representante de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Burgos y el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) y miembro de la comisión de dictamen, Jari Dixon.

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