Ahora que ya conocemos el informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional y que para muchos sectores de la población se quedó corta en su investigación en los casos “emblemáticos”, ante la inoperancia de los entes del estado para tales fines, surge la petición por parte de varios sectores la necesidad de que estos actos de corrupción y otros sean conocidos por una comisión similar a la que ya está establecida en la hermana República de Guatemala conocida como La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Es un hecho que en nuestro país nunca se avanza, salvo en lo que tiene que ver con las formas de corrupción que se vuelven más y más sofisticadas, pero también más groseras y descaradas, lo peor parece ser que los pueblos admiten pasivamente la corrupción e impunidad, a condición que los gobernantes sean eficaces en resolver los problemas torales del país.

Esta Comisión en Guatemala no se formó de la noche a la mañana, su creación surge en base a un acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre del 2006, este acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto del 2007 y entro en vigencia el 4 de septiembre del mismo año.

La CICIG antes de su última prórroga su vigencia estaba prevista hasta el 4 de septiembre del 2015 pero la presión popular obligo al presidente de ese país extenderla hasta el 4 de septiembre del 2017. Esta Comisión tiene como apoyo la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Publico, así como el Comisionado contra la Impunidad en Guatemala.
Los logros obtenidos por la CICIG son notables, desde el desmantelamiento de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, captura a integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por aprobar y avalar contrato irregular con la droguería PISA de Guatemala S.A. y la caída de altos funcionarios del Ejecutivo incluida la Vice-Presidenta y su secretario privado junto a una veintena de empleados más.

Considero que ha llega el momento de dar muestras que el pueblo hondureño es el soberano y se le escuche, solo se pide que la cosa pública se administrada con la más absoluta transparencia, donde los actos de corrupción y alto grado de impunidad sea remediados de inmediato a través de una Comisión Internacional Contra la Impunidad misma que debe de gestionar el Ejecutivo de inmediato ante la ONU.

Esta Comisión con objetivos claramente definidos, con independencia absoluta con carácter internacional cuya finalidad sea apoyar el Ministerio Publico, la Policía Nacionalu otros operadores de justicia dentro de su mandato para fortalecer estas instituciones.

Nos debe llenar de vergüenza recurrir a extraños, pedirle a otros que nos investiguen, controlen, supervisen y nos digan quienes y hasta qué grado ha llegado a corrupción e impunidad en nuestro país, pero a falta de políticas precisas no nos queda otra que hacerlo tal como lo pide un sector del pueblo que se solicite la CICIH.

De no concretarse lo anterior podría generar un sentimiento de frustración recubierto de indignación entre la mayoría de la población silenciosa. En otros sectores la frustración puede ser genuina, confiaron en un gobernante y no fueron escuchados este sentimiento de frustración es un enemigo de la democracia.

José Machado A.
Periodista
dardencarj@yahoo.es

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