Tegucigalpa.- En el Pacto Nacional por la Seguridad que los candidatos y la candidata presidencial suscribieron hoy, el compromiso de realizar la Reforma Integral del Sistema de Seguridad Pública que garantice una profunda transformación en el sistema y mejore los resultados de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial.

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) generó este acuerdo luego de un intenso diálogo en el que participaron los actores políticos cuyo compromiso patriótico es propiciar la probidad y la eficiencia entre los operadores de justicia como una forma de aportar soluciones a la crisis que enfrenta el sistema de seguridad pública de Honduras.

Los y la presidenciable se comprometen a concretar la reconversión plena de todo el sistema policial para crear una verdadera Policía Comunitaria, cercana a la comunidad, transparente en su desempeño, eficiente en su funcionamiento y respetuosa de los derechos humanos y las normas básicas del Estado de derecho. La reconversión supone, como premisa, una reformulación completa de todo el sistema de educación policial.

Asimismo, respetar la naturaleza estrictamente civil y no partidaria de todos los órganos de la Policía Nacional, así como del carácter profesional, independiente y apolítico de los fiscales y de los jueces.

También promover acciones preventivas de la violencia y el crimen, mediante estrategias interinstitucionales en apoyo a la generación de empleo a jóvenes, educación alternativa y actividades recreativas, y apoyar la participación ciudadana en todas las acciones de seguridad comunitaria, prevención de la violencia y apoyo a los entes de seguridad.

Además, mantener una lucha constante y sistemática en contra de la corrupción dentro de los órganos operadores de justicia, asegurando su despolitización partidaria y los controles, tanto internos como externos, que sean necesarios y que realmente funcionen.

El Pacto incluye el compromiso de consolidar el respeto permanente a los derechos humanos, a la transparencia en el desempeño de las funciones públicas, a la rendición de cuentas, al control social sobre la gestión pública, obediencia a la ley y, sobre todo, el fortalecimiento constante del Estado de derecho, en todas las actuaciones de los diferentes actores del sistema de seguridad y justicia en el país.

Los presidenciables acordaron lo anterior porque están conscientes de la gravedad del problema y de la intensa y creciente demanda ciudadana para reducir los niveles de violencia, combatir eficaz y resueltamente al crimen organizado, atacar en sus raíces mismas a la delincuencia común y pandilleril, así como desarticular las células dedicadas a la extorsión, el secuestro, el tráfico ilegal de personas, el robo y todas las demás formas de la delincuencia y el crimen.

El comisionado coordinador de la CRSP, Jorge Omar Casco, dijo que ahora corresponde a la ciudadanía vigilar que el próximo presidente de Honduras, que la población elegirá en los comicios generales del 24 de noviembre de este año, cumpla el Pacto Nacional por la Seguridad que es una respuesta al reclamo popular de paz.

En la ceremonia de firma del Pacto participó el Pleno de la CRSP que integran los comisionados nacionales Jorge Omar Casco (coordinador), Víctor Meza y Matías Funes, y los internacionales Adam Blackwell (canadiense), actual Secretario Multidimensional de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Aquiles Blu (chileno), general retirado de carabineros de Chile.

Firmaron el Pacto los presidenciables de los partidos políticos que participarán en los próximos comicios generales.
La CRSP, creada hace más de un año, tiene el mandato de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la Seguridad Pública, así como las recomendaciones para la readecuación de la normativa legal relacionada.

En atención a ese mandato, entre octubre de 2012 y agosto de 2013, el Pleno de Comisionados entregó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lidera el presidente Porfirio Lobo Sosa, 12 propuestas de reforma integral de la seguridad pública, cuya implementación compete a los Poderes del Estado.

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