El dirigente del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), José Asunción Martínez, denunció que su gente en el departamento de la Paz, emigra por amenazas graves y persecución por parte del ejército.

“Hay grandes inmigraciones por tales razones, una: nosotros estamos en la defensa de los bienes comunes de la madre naturaleza como el agua, el bosque, la madre tierra y el aire; y en nuestras comunidades nos quieren imponer proyectos de muerte como: las hidroeléctricas, las mineras, los parques hidráulicos y cuando nosotros resistimos porque no queremos entregar nuestro territorio, hay amenazas graves, persecución por parte del ejército, inclusive han habido asesinatos por parte del ejercito de la misma policía y aparatos oscuros de seguridad de este Estado de Honduras” explicó el dirigente.

Además mencionó que los grandes proyectos hidroeléctricos tiene su propia guardia privada, “contratan sicarios para reprimir a los que estamos luchando defendiendo nuestras comunidades” agregó.

“Específicamente muchos compañeros y compañeras han tenido que emigrar, salir del país, por el temor a perder su vida a perder su familia y todo eso porque nosotros queremos ser categóricos y responsables, en decir, que en este país lamentablemente, no hay ninguna seguridad para nosotros los pobres, principalmente los de las comunidades indígenas y campesinos, porque no hay una verdadera agenda de seguridad del Estado que va venir a resolver la problemática de nuestras comunidades, esto es lamentable” indicó Martínez.

Por otro lado, dijo que “de nuestras comunidades emigra gran cantidad de compañeros y compañeras en busca de trabajo porque no hay fuentes de trabajo dentro de nuestras comunidades, esto es lamentable, estamos en un país que nosotros vivimos del cultivo del maíz, de los frijoles, del café, verduras, etcétera; pero ¿qué pasa? las transnacionales nos quieren quitar nuestra tierra”.

Finalmente manifestó que quienes se “aprestan para poner en bandeja de plata nuestros territorios, son los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y que son avalados principalmente por una Corte Suprema de Justicia, por un Ministerio Público que nosotros aunque interpongamos una cantidad de denuncia no hay una respuesta clave y contundente”.

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