Por Cindy Medina

La “tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido” según la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles.

En el país muchos hondureños son sometidos a tratos inhumanos, debido a eso en julio de 2015 se inicia el proceso de creación de un documento que propone las “Políticas de Prevención de Tortura y TCID” que será entregado el 30 de marzo del presente año a la Secretaria de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, que vendría a ser un importante mecanismo para la protección por parte del Estado de los derechos de las personas con experiencias de tortura.
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El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), es la organización encargada de presentar este escrito y que trabaja en el país desde 1995 con ejes fundamentales que van desde educación, denuncia y atención a víctimas y familiares de tortura.
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La Sub Directora del CPTRT, Licda. Alba Mejía nos comparte en qué consiste esta iniciativa “Se trata de darle vigencia a la Convención Contra la Tortura, que prevé varias medidas para que las personas que han sido víctimas de torturas tengan reparación, que sea por medio de la rehabilitación que se le da a la víctima mediante atención psicológica, medica, servicios legales que en esta propuesta de política, deben ser asumidos por el Estado y también hay otros mecanismos como el derecho a la verdad ,que se trata de que la víctima y la sociedad conozca la verdad sobre la ocurrencia de la tortura que sufrió la persona”.
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También se busca que personas que hayan sido juzgadas por las autoridades injustamente se les brinde “La restitución de su buena fama, porque a veces a una persona la torturan y la hacen y la presentan como un delincuente, como un terrorista, como un criminal y a la vuelta se demuestra que además de haber sido torturada, no tiene nada que ver con la criminalidad” según Mejía.

Una persona ¿qué comete un acto reñido con la ley puede ser torturado?

“La normativa internacional prevé que bajo ninguna circunstancia hay espacio para actos de tortura, la tortura es declarada a nivel internacional como “una practica aborrecible” y ese pensamiento lo debemos trasmitir a nuestros niños, jóvenes, autoridades policiales y militares, es inadmisible que un instructor de la policía le enseñe a la tropa prácticas de investigación reñidas con el respeto a la integridad”.
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La Propuesta de Política de Prevención de Tortura trabajará bajo tres ejes estratégicos y líneas de acción que se espera permitan un buen desarrollo y cumplimiento a la Convención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La Consultora del CPTRT, Abg. Jenny Almendrares nos detalló que se espera con la presentación de un documento de ese tipo “Estamos presentando la política de prevención de tortura y se avisa que el día 30 de marzo del presente año vamos hacer entrega a la Secretaria de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización. con el objeto de la prevención de tortura, así como lo que es la rehabilitación y la indemnización para las víctimas”.
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¿Qué espera obtener el CPTRT con la implementación de esta política de prevención de tortura?

“Se espera que puedan disminuir los índices de tortura también se espera que las victimas que han sufrido este tipo de conductas puedan recibir indemnización por parte del Estado, la victima nunca llega a una recuperación completa porque daña la dignidad del ser humano, afecta física y psicológicamente, afectando también su entorno familiar, laboral, su capacidad de decisión y determinación entonces es importante que las personas que han sido víctimas puedan reivindicárseles sus derechos, nosotros consideramos que esta política va establecer los planes, proyectos y programas necesarios no solo para la prevención si no para lograr que también se den asesorías gratuitas a las víctimas”.
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Se documentan alrededor de 30 casos y se espera que las diferentes organizaciones asuman el compromiso de demandar la implementación de esta política de prevención y que el sistema de justicia del país trabaje con efectividad en casos de tortura tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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