Al menos 105 periodistas, comunicadores sociales y profesionales del derecho perdieron la vida violentamente durante la gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa (27 enero 2010/ diciembre 2013), reveló un informe divulgado por el estatal, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

De acuerdo al organismo humanitario la situación es de tal magnitud que al acercarse a los 47 meses de la administración gubernamental de Pepe Lobo, han muerto en circunstancias violentas 72 profesionales del derecho y 33 periodistas y comunicadores sociales para totalizar 105, es decir, un promedio de 26 víctimas anuales o más de dos por mes.

El informe establece que el 97% de los casos se encuentran en la impunidad, que no se sabe si es por mala investigación o es porque ha habido un mal requerimiento por parte del Ministerio Público.

Ramón Custodio, titular del CONADEH, lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como la labor que realizan los periodistas y comunicadores sociales se hayan convertido en ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen.

19 abogados muertos violentamente en lo que va del 2013

El defensor de los derechos humanos considera que es deber del Estado hondureño garantizar que los profesionales del derecho realicen su labor sin ningún tipo de intimidación y que cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, es deber de las autoridades brindarles la protección para salvaguardar su integridad física y su vida.

De acuerdo al Comisionado de los Derechos Humanos en el 2010 se registró la muerte de 16 abogados, 22 en el 2011, 15 en el 2012 y 19 en lo que va del 2013, para totalizar 72.

Del registro pormenorizado que realizó el CONADEH se destaca que entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta hay especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.

Además, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias y de instituciones del Estado y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.

La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes. Otros fueron ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma o en la vía pública.

Casos de victimarios de abogados con sentencia condenatoria

De acuerdo al CONADEH, tres casos de abogados que murieron violentamente fueron resueltos y sus victimarios, entre ellos tres miembros de la policía, recibieron sentencia condenatoria.

Entre los casos más recientes está la sentencia emitida en el 2012 por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula que condenó a Nelson Ubaldo Rivera Oviedo a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple en perjuicio del abogado y pastor evangélico Carlos Roberto Marroquín, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2011 en la Col. Aurora de San Pedro Sula.

En mayo del 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable a un ex detective de la Dirección Nacional de Investigación Criminal por el asesinato cometido contra el coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Enrique Reyes, registrado en la aldea Rio Nance de Choloma, el 27de mayo de 2011.

33 periodistas y comunicadores sociales muertos violentamente

En lo que respecta a los periodistas y comunicadores sociales, el CONADEH registra la muerte de 33 en lo que va de este gobierno (2010/ 2013), cantidad que representa el 83% de las 40 muertes reportadas desde el 2003.

Sólo en el 2010 murieron en forma violenta 12 periodistas y comunicadores sociales, en el 2011 se reportó la muerte de 6, un año después 9 y en lo que va del 2013 han muerto violentamente 6, para totalizar 33.

De los seis registrados en el 2013, uno se desempeñaba como cronista deportivo en Olancho, otro como locutor de una estación radial en Choluteca, dos que prestaron sus servicios como camarógrafos en Tegucigalpa, uno como director de un programa de televisión en San Pedro Sula y un empresario de medios en El Paraíso.

Un victimario condenado

De los 40 casos registrados, desde noviembre del 2003 a la fecha, apenas uno ha sido objeto de sentencia condenatoria.

El 11 de septiembre de 2012, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a Jonathan Cockborn Delgado, a purgar una pena de 28 años de cárcel por los delitos de homicidio simple y robo cometido en perjuicio del periodista Georgino Orellana, hecho ocurrido el 20 de abril de 2010.

La impunidad y sus causas

Custodio explicó que la impunidad consiste en dejar sin castigo y sin pena a quien comete un delito, sea éste de orden público o privado.

Señaló que esta situación es motivo de mayor preocupación cuando un Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a más personas asesinadas.

El ombudsman hondureño considera que la entrada e invitación para que el delincuente continúe delinquiendo es la impunidad, misma que no es resultado de una sola causa.

Explicó que en Honduras la impunidad empieza porque el delito no es debidamente investigado por dos de los competentes del sistema de justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía.

Agregó que cuando no se investiga ni se presentan las pruebas adecuadamente, no se sabe si la falla es del policía o del fiscal, pero al final se le echa la culpa al juez y debemos entender que el juez, para juzgar y sentenciar, tiene que tener pruebas.

De allí que cuando no existen las pruebas de convicción debidamente trabajadas contra una persona detenida, el juez se ve obligado a ponerlo en libertad.

Lo esencial, dijo Custodio, es que cada uno de los componentes de justicia funcione adecuadamente, porque cuando uno de ellos no funciona se echa a perder todo el sistema de justicia.

Añadió que los componentes del sistema de justicia penal, deben de funcionar eficientemente para tener resultados eficientes.

Reiteró que la impunidad es una manera de estimular la comisión de delitos, porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se le castigue y se juzgue adecuadamente, prácticamente se le está diciendo, siga delinquiendo sin el menor riesgo posible.

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