Establecer acciones conjuntas que permitan fortalecer el combate al tráfico de personas será uno de los puntos principales en la reunión que sostendrá mañana la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenen.

La esposa del mandatario hondureño viajó este miércoles a McAllen (Texas), donde mañana, junto a la primera dama de Guatemala, Hilda Marroquín, y el secretario McAleenen realizará un recorrido por la frontera sur a fin de conocer las acciones implementadas por las autoridades estadounidenses para proteger los menores y combatir el tráfico de personas.

Para combatir este crimen, el Gobierno de Honduras está implementando controles migratorios a nivel nacional, por lo que ha dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad para que realice patrullajes permanentes en todas las fronteras del país y en los pasos no autorizados, más conocidos como “puntos ciegos”.

Según reportes de la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Transnacional de Investigación y la Unidad de Tráfico y Trata de Delitos Especiales se ha logrado la captura de 60 personas, que han sido detenidas en fronteras y en el interior del país.

Además, se han ejecutado 24 órdenes de captura y actualmente hay 44 casos por trata de personas y 24 por tráfico de personas en el Ministerio Publico para su investigación.

Los operativos son ejecutados por equipos especializados de la Policía Nacional entre ellos el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), un grupo de policías de alto nivel equipados con armamentos y dispositivos de comunicación de última tecnología.

De la misma manera el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza un control biométrico que permite verificar la legalidad de los documentos que presentan los ciudadanos que quieren salir del país, poniendo especial atención a los menores de edad.

En ese sentido, entre enero y mayo de este año se han producido un total de 2.221 rechazos de entrada y 10.678 impedimentos de salida de viajeros, por no cumplir con los requisitos, tal como lo exige la Ley de Migración y Extranjería.

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