El proceso de dialogo debe centrarse en los temas de mayor relevancia para los hondureños y aquellos grandes problemas que afectan a las grandes mayorías

“Celebro que por fin las principales fuerzas políticas del país hayan consensuado delegar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la facilitación del proceso de diálogo en el país” ha dicho el dirigente de la sociedad civil Omar Rivera.

Rivera, manifestó que “la experiencia de la ONU, en este tipo de procesos de convergencia y reconciliación será fundamental y determinante, pero lo que garantizará el éxito del diálogo será la voluntad de las partes en conflicto”.

“Esperamos que la ONU, de una respuesta positiva a la solicitud que -por separado- han realizado los principales ex candidatos presidenciales, y que ese organismo internacional busque un personaje de alto perfil, conocedor del contexto nacional y con experiencia en resolución de conflictos” señaló.

El también coordinador de advocacy e incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reveló que varios sectores de la sociedad civil aglutinados en la Plataforma por Honduras, plantean como opciones factibles e idóneas para desempeñarse como facilitadores del diálogo a los ex presidentes centroamericanos Vinicio Cerezo y Martín Torrijos, a profesionales de alto calibre como Eduardo Stein, que se desempeñó como coordinador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que fue creada después del golpe de Estado de 2009, o ex mandatarios iberoamericanos como Ernesto Zedillo o Felipe Gonzales”.

Finalmente, Omar Rivera, sugirió que el proceso de diálogo se centre en los temas de mayor relevancia para los hondureños y aquellos grandes problemas que afectan a las grandes mayorías; “la agenda temática debe estar circunscrita a tópicos de interés trascendental como lo atinentes a la modernización del sistema electoral, reforma y fortalecimiento del aparato institucional de derechos humanos, depuración y fortalecimiento de los operadores de seguridad y justicia, transparencia y lucha contra la corrupción, atención a grupos colocados en situación de vulnerabilidad y mejora en la prestación de servicios públicos, desarrollo económico y generación de empleo, protección del medio ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.

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